En un escenario de demanda de servicios públicos de calidad y un entorno de contención presupuestaria la gestión pública tiene que priorizar las necesidades reales de los ciudadanos.

Impacto de las transformaciones sociales

En los países desarrollados se han venido produciendo transformaciones sociales, económicas, políticas y tecnológicas, acompañadas de exigencias de más y mejores servicios públicos, que provocan cambios en la gestión pública para adaptarse a las nuevas realidades en un entorno cambiante; cabe destacar las siguientes:

  • Preocupación por la eficiencia.
  • Búsqueda de la calidad en la prestación de servicios públicos con la consiguiente orientación al ciudadano.
  • Reducción de plantillas y medición del rendimiento del sector público.

La actual complejidad social obliga a la Administración Pública no solo a cimentar una relación fluida con la sociedad, estableciendo mecanismos de relación con ella (por su mayor conciencia social), sino también a abrir la vía del aprovechamiento de sinergias, haciéndose auténticos gestores de éstas (por la contención presupuestaria); para ello tienen que incorporar a los ciudadanos en la gestión e implantación de las políticas públicas, al fin y al cabo son los llamados a construir su propio futuro.

Modernización Administrativa

La Unión Europea contempla la modernización administrativa para administrar mejor unos presupuestos, que rompiendo el signo ininterrumpido de muchos años, tienen que ser ahora restrictivos, a lo que se había desacostumbrado el sector público español. Con la entrada en la UE España empezó a darle relevancia pero parece haberse estancado en la fase teórica porque no ha influido lo suficiente en la realidad pública.

La primera expresión concreta del cambio fue el “Plan de Modernización de 1992” El Plan contenía proyectos de mejora de la información y comunicación al ciudadano, mejora de la calidad de los servicios y simplificación de trámites. Se desconoce su impacto, porque no se contemplaron sistemas de evaluación. Los criterios de modernización del Plan consistían fundamentalmente en:

  • La responsabilidad de los gestores públicos por los resultados.
  • La incorporación de la dirección por objetivos.
  • Mayor autonomía de las organizaciones administrativas.
  • Implantación de sistemas de evaluación de los servicios públicos.
  • Establecimiento de un sistema de evaluación del desempeño de los puestos de trabajo.

Desde entonces se han venido publicando normas legales a remolque de exigencias de la UE pero con pobres resultados. Son interesantes los principios que se citan en el preámbulo de la Ley 6/97, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE):

  • Se resalta la participación para definir los intereses generales.
  • Considera el servicio a la ciudadanía un principio básico que justifica la existencia y debe presidir toda la actividad de la Administración.
  • El servicio a los ciudadanos debe caracterizarse por la objetividad y la transparencia administrativa.
  • Los titulares de los diferentes órganos administrativos no son mas que gestores de intereses ajenos, por lo que deben rendir cuentas de su gestión ante los ciudadanos.
  • Junto al principio de legalidad de la actividad administrativa también vincula el principio de eficacia (el funcionamiento de la maquinaria administrativa debe adecuarse a la gestión por objetivos y a la calidad como forma ordinaria de prestación de servicios públicos.
  • Necesidad de acometer procesos de supresión y simplificación administrativa (y evitar duplicidades)

La última acción que ha llegado a mis manos es el Plan Estratégico de Impulso y Transformación de la Administración Pública 2018-2020, desaparecido de la web del Gobierno de España, aunque se mantiene una copia en internet. Es lamentable que cada nuevo Gobierno arroje a la papelera lo avanzado en el anterior, lastrando el necesario proceso de modernización de la Administración.

Aquí se puede conseguir el Plan: https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:2b9d399a-d49a-4aa3-9f95-68efa1e52f7c/Lineas-reforma-adminstrativa-2018-2020.pdf

Plan Estratégico de Impulso y Transformación de la Administración Pública 2018-2020

El objetivo del Plan era desarrollar una transformación global del modelo de gestión pública, dotándolo de mayor eficiencia, impulsando el uso de las nuevas tecnologías en la Administración y en sus relaciones con la sociedad, incrementando la cercanía a los ciudadanos y las empresas, la transparencia y el buen gobierno, basado en un modelo de empleo público acorde con dicha transformación. Su estructura:

1. Transformación digital de la Administración

Objetivo estratégico: Transformación integral de la Administración para convertirla en una Administración digital a través de la puesta a disposición de los diferentes usuarios de herramientas informáticas que permitan desarrollar un modelo de relación con los ciudadanos, las empresas y otras Administraciones Públicas más fluido y abierto.

Programas:

  • Promover la innovación en la prestación de servicios.
  • Implantación y mejora de procedimiento electrónicos.
  • Proveer de manera compartida servicios comunes.
  • Gestión corporativa inteligente del conocimiento, la información y los datos.
  • Potenciar la seguridad de la información (Ciberseguridad).
  • Interconexión con otras Administraciones Públicas.
2. Impulso de la Gobernanza pública

Objetivo estratégico: Potenciar una Administración moderna, ágil y eficiente, transformando la Organización para un uso adecuado de los recursos, simplificando los 4 procedimientos para mejorar el funcionamiento de los servicios y acercando la Administración al ciudadano.

Programas:

  • Impulso de la planificación y de la eficiencia
  • Transformación y racionalización de la Organización
  • Simplificación de procedimientos y servicios administrativos
  • Acercar la Administración al ciudadano
3. Estrategia de Gobierno Abierto y mejora de la Transparencia

Objetivo estratégico: Fomentar la participación ciudadana en las principales decisiones públicas, ampliando la colaboración de otros actores en el desarrollo de servicios públicos, reforzando la transparencia de los procesos administrativos y aumentando la disponibilidad de la información del sector público para su reutilización.

Programas:

  • Estrategia de gobierno abierto.
  • Mejora de la Transparencia.
  • Transparencia y puesta en valor del empleo público.
4. Mejora y modernización del empleo público

Objetivo estratégico: Desarrollar un nuevo modelo de empleo público que se ajuste a los nuevos retos que tanto a nivel organizativo como de agenda digital demanda la Organización, dando relevancia a la figura del empleado público.

Programas:

  • Herramientas estratégicas de los RRHH.
  • Modernización del acceso al empleo público.
  • Flexibilización de la movilidad del empleado público. 
  • Innovación y cultura enfocada al rendimiento.
  • Conciliación e igualdad en el empleo público.
  • Formación de los empleados públicos.

Asimismo esta estructura se desarrolla en el marco de cinco principios transversales:

  • Innovación: el Plan debe contener medidas que supongan avances novedosos, que introduzcan nuevas pautas y sistemas de trabajo y comunicación de la Administración con ciudadanos y empresas y dentro de la propia Administración.
  • Eficiencia: las medidas deben lograrse optimizando el uso de los recursos existentes así como en su caso la necesidad de nuevos recursos y, garantizando la sostenibilidad de todas las actuaciones.
  • Participación: las medidas deben tener en cuenta la opinión, necesidades y expectativas de los agentes implicados en las diferentes políticas, fomentando el diálogo social y la participación de la sociedad.
  • Flexibilidad: capacidad de adaptarse e introducir las mejoras que sean necesarias para cumplir con los objetivos previstos y que justifican la existencia del Plan.
  • Rendición de cuentas: se ofrecerá información a los ciudadanos sobre la ejecución y resultados de las medidas implementadas.

Para garantizar el cumplimiento del Plan, el mismo se dotará de unos mecanismos específicos de seguimiento tanto de la ejecución de las medidas del Plan, como de los impactos producidos a consecuencia de la implantación de las mismas. Estos mecanismos son de dos tipos:

  • Organizativo, mediante una comisión de seguimiento y comisiones técnicas.
  • Instrumental, mediante el uso de medios informáticos de gestión, de publicidad activa y de un cuadro de mando.

Para impulsar y coordinar los trabajos necesarios para el desarrollo adecuado de las medidas contenidas en este Plan, así como para realizar el citado seguimiento, se ha creado una Oficina de Planificación Estratégica en el ámbito de la Secretaría de Estado de Función Pública.

Por último, el Plan tiene mecanismos de evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos previstos por las medidas, así como está la evaluación tanto del propio Plan en lo relativo a su diseño, implementación y resultados, como de las propias medidas que contendrá el análisis de evaluabilidad (coherencia entre objetivos e indicadores).

En resumen

La Administración Pública algo va haciendo pero sigue encasillada en modelos de gestión burocrática y tiene por delante el reto de una reforma administrativa para ajustarse a las exigencias sociales actuales (modernización).

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