Auditoría de la deuda pública y default

Hay quien propugna “auditoria de la deuda pública española e impago de la parte ilegítima”, se conoce como default. Endeudamiento irresponsablemente y luego negarse a pagar.

Se trata de auditar la deuda contraída y dejar de pagar la parte que se estime "ilegítima" porque no se ha aplicado en beneficio de los ciudadanos; aquí se podrían incluir los rescates de cajas de ahorros quebradas por políticos y sindicalistas, las subvenciones interesadas a organizaciones o a empresas amigas, la desviación de fondos, los contratos disparatados, las políticas irresponsables como el abandono de la energía nuclear que han creado una burbuja que vamos a estar pagando por décadas, etc.

Esta idea está calando en una parte de la población, cada vez más descontenta y decepcionada.. Muchos ciudadanos tienen la percepción de que parte de la deuda pública española, que ya supera el billón de Euros (1.000 millones de millones) y supera al producto interior bruto (PIB), ha servido también para que unos cuantos se enriquezcan a costa del resto. En este estado de cosas es muy sugestiva la idea del impago de la parte "ilegítima". No suena mal pero tiene trampa y todos saldríamos todavía más perjudicados.

Hay quien cree que no importa que se cierre el acceso a la financiación porque podríamos costear los gastos con recursos propios; pero si el Estado declara el default se cerraría el acceso a la financiación en todo el mercado internacional y no habría dinero suficiente para atender las prestaciones sociales, pensiones, desempleo, servicios, funcionarios, etc. Es decir de la noche a la mañana desaparecería el ya debilitado "Estado del bienestar".

Nada positivo se puede construir sobre la situación actual. Hay que hacer cambios profundos, la nación tiene que recuperar la confianza en sí misma y la confianza internacional. Los ciudadanos debemos exigir una auditoría para averiguar la parte de deuda desviada, quiénes son los autores y exigir la responsabilidades penales y patrimoniales (devolución del dinero) que corresponda; pero no se ve justificación para declarar el impago de la deuda (default) porque los efectos serian desastrosos.

Cabe preguntarse hasta dónde se puede aumentar la deuda pública sin entrar en default por incapacidad de pago manteniendo un gasto anual del 10% por encima de los ingresos. Esta situación es insostenible y no hay señales de corregirla. Hay quien piensa que la situación es de quiebra irremediable y que España marcha a un default.

Los analistas coinciden y alertan del peligro que va a suponer el repunte de aumento de la deuda que se va a registrar en los próximos años. El último ha sido el EAE Business School que señala que la deuda pública española crecerá un 47% en los próximos cinco años. En 2016 la deuda pública española media por habitante será de 23.000 euros. Aunque, todo hay que decirlo, hay otros países europeos que no están mejor, como Eslovenia, Luxemburgo, Portugal, Finlandia, Bélgica, Grecia o Italia.

Cuando se propone el impago de deuda hay que pensar en lo que pasaría después y, en concreto, de dónde sacar el dinero para pagar los gastos del Estado. No se puede declarar un impago si antes no se han cuadrado los ingresos y los gastos. Siendo dependientes de los acreedores y de la financiación no se puede dejar de pagar la deuda, porque inmediatamente dejarán de prestar dinero.

Por otra parte, en el momento de declarar el default y dejar de depender de la financiación exterior habría que abandonar el Euro y hacer reajustes monetarios internos. Hay quien cree que no importa, que se volvería a la peseta y no pasaría nada. Pero la realidad sería bien distinta. Los Bancos cerrarían sus ventanillas (corralito) para impedir el acceso al euro. La peseta sufriría una fortísima devaluación (dándole a la máquina de hacer billetes) y al volver a cambiar por euros costarían el doble (por lo menos).

Todos los productos del exterior se encarecerían. De la noche a la mañana el país se empobrecería, quebrarían industrias y aumentaría el paro. Habría que aumentar los impuestos para poder seguir pagando pensiones, desempleo, prestaciones sociales, médicos, maestros, policías, etc, poco a poco se destruiría la clase media igualando a todos en la indigencia.

Se dice que las exportaciones podrían arreglar la situación porque al devaluar la moneda se abarataría el coste de la producción y sería más competitiva. Esto es cierto solo en parte. Efectivamente, se reduciría el coste de la mano de obra, al bajar los salarios, y los productos serían más competitivos, pero no hay que olvidar que España es dependiente del exterior en materias primas que mantendrían el mismo precio, y con la moneda devaluada aumentaría su coste, lo que se trasladaría inmediatamente a los precios internos provocando una gran inflación, a la vez que los sueldos habrían bajado y los impuestos en alza. O sea, no solo nos empobreceríamos sino que mes a mes iría disminuyendo nuestro poder adquisitivo y acabaríamos en el tercer mundo.

También conviene saber quiénes son los acreedores de la deuda española. Más de la mitad (62%) está en manos españolas y una buena parte en manos de los propios ciudadanos (fondos de pensiones, fondos de inversión, deuda del estado, etc.). El 97% de la hucha de las pensiones está en deuda pública española. El 35% de los bonos de obligaciones del estado español está en manos de los bancos españoles, pero los bancos irían a la quiebra (cerrados) y los ciudadanos no podrían acceder a sus cuentas bancarias. Tampoco las empresas podrían acceder al dinero de los bancos y no podrían pagar los salarios; es decir, la quiebra del país. Vamos, una locura.

Es verdaderamente preocupante ver que el riesgo de que España acabe en default es cada vez mayor porque no se toman las medidas necesarias para evitarlo.

Conclusión

Para recuperar la confianza en el sistema es necesaria una auditoría de la deuda para ver qué parte se ha desviado de sus fines, quiénes son los causantes y exigir las responsabilidades penales y patrimoniales que correspondan. Pero no utilizarlo como excusa para declarar un default que llevaría a una situación penosa a todos los ciudadanos.

Paralelamente exigir la disminución del Estado elefantiásico hasta donde nos podamos permitir, más allá de la sanidad, enseñanza, pensiones e inversiones en investigación, hay mucho de donde recortar. No se puede seguir gastando por encima de las posibilidades e incrementar la deuda indefinidamente y, asimismo, es imprescindible reformar el sistema político haciéndolo verdaderamente representativo y democrático.

Pero mucho me temo que los partidos mayoritarios son víctimas de su propia demagogia e inoperancia mantenida por décadas y se muestran incapaces de revertir la situación que ya es bastante grave y compleja.